La Torre

‘Torrencs’ presuntos

Article publicat el 29/06/2014 al Diari de Tarragona.

Un alcalde en la cárcel y seis concejales imputados por cargos contra la Administración pública es un supuesto jurídico-político que aconseja dimisiones. Por el buen nombre de Torredembarra, por respeto a la ciudadanía que les eligió, por su propio bien, para defenderse libremente y dar ejemplo de la dignidad que quieren sustraerles. También porque esto no ha hecho más que empezar, y la presumible presión cotidiana en forma de filtraciones de la investigación, les hará complicado cumplir con sus obligaciones con serenidad.

Ésa es la cuestión política, pero otra cosa es la cuestión de derechos personales del alcalde y los ediles. Todos, todos tienen el derecho a la presunción de inocencia, derecho que por cierto cada vez es más retórico. Todos tienen derecho a que no se les haga culpables hasta que un juez dicte sentencia firme, si es que la dicta; un juez que no será por cierto el mismo que está instruyendo. Todos empezando por el alcalde Masagué, al que se ha enviado a la cárcel llevando al límite la prisión provisional que rige en un Estado de derecho garantista. He escuchado directamente al alcalde rebatir con argumentos las acusaciones que se le hacían de irregularidades, y mi conclusión es que tiene defensa; hasta donde me alcanza y sin saber qué no sé.

De momento, la legalidad que hayan vulnerado está por demostrar, pero nadie les quita ni la pena del telediario ni el linchamiento público de quienes les insultaron con balas semánticas de todos los calibres, y les atribuían además supuestos delitos delirantes. Sentí vergüenza ajena al contemplar ese linchamiento, autosacramental de la miseria humana, y no acabé de comprender dos incongruencias. Primera, que los primeros en pedir la dimisión del alcalde fueran de su propio partido local. Segunda, que la izquierda más socialmente combativa diera crédito con su protesta ostentosa a una investigación de la Guardia Civil, no por iniciativa judicial. ¿Acaso no conocen su propia historia y la relación traumática de ese cuerpo de la Seguridad del Estado con todas las izquierdas que quedan más allá de las convencionales?

Hace bien poco, Ramón García-Bragado fue absuelto después de estar cuatro años imputado por el caso Palau, ya saben, corrupción a gogó, falsedad documental, recalificación urbanística… García-Bragado, por cierto vinculado a Altafulla, fue Teniente de Alcalde de Barcelona y Secretario General de Presidencia de la Generalitat, en ambos cargos por la confianza de Pasqual Maragall y el PSC. Los que creímos en la integridad de Ramón desde el primer momento, supimos del valor de la frase que pronunció amargamente al ser absuelto: la declaración de inocencia no le redime de la pena ya cumplida por estar cuatro años imputado.

La vulneración de la presunción de inocencia es uno de los defectos graves de lesa democracia, se da de oficio. Hice un estudio académico, cuantitativo y cualitativo, empezando por el tema vasco que me ocupó la mayor parte de mi tempo periodístico. El 44 por ciento de los acusados de terrorismo por los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, resultaron ser inocentes, pero no escaparon a la condena mediática en los años de plomo. En 2.008, junto al lingüista Miquel Almirall, estudiamos para la Fundació Bofill la vulneración de la presunción de inocencia en cinco periódicos de referencia. Compulsamos 1.200 ejemplares y nos salieron 2.300 noticias que transgredían ese derecho.

Casos cualitativos los hay igualmente a montones; cada curso leo a mis alumnos de la URV, futuros periodistas, el teletipo de agencia en el que se detalla con pelos, señales y morbo como Dólores Vázquez se supone que asesinó con alevosía a Rocío Wanninkhof: todo falso. Dos años de cárcel por asesinato, hasta que apareció el verdadero asesino. La literatura y el cine nos han ilustrado de esos atentados contra los derechos individuales. Caso, por ejemplo, de la australiana Linda Chamberlain, condenada a cadena perpetua y trabajos forzados por el asesinato de su hija Azaria, cuando era un bebé de dos meses y medio. La estigmatizaron, cumplió cinco años de cárcel hasta que se demostró que la niña murió al ser atacada por un perro. La pantalla nos lo contó en “Un grito en la oscuridad”, con una Meryl Streep inmensa.

Los principales partidos de la oposición de Torredembarra han sido escrupulosos al respecto, y hay que felicitarlos por ello, al PSC, a ERC y Alternativa Baix Gaià. Han demostrado prudencia, rigor y sentido institucional; con capacidad de liderazgo de Jordi Solé (PSC), Eduard Rovira (ERC) y Lluís Suñé (ABG). Están hablando para asumir la responsabilidad de articular un gobierno de concentración, que es lo que toca en situaciones de grave crisis o especiales para la historia: Tarradellas dio ejemplo. Parece que la idea puede prosperar.

En este contexto, la actual plantilla de CiU podría arriar velas, aunque sólo fuera por no contaminar el proceso de la consulta. Y dejar paso a generaciones jóvenes que harían bien en regenerar las siglas, limpiar la coalición de vicios que se arrastran de los 23 años absolutistas en los que hicieron lo que quisieron, colocaron a familiares y amigos y crearon empresas para vivir en el entorno de la Administración pública y, en definitiva, de los impuestos que tanto cuesta pagar en tiempos de crisis. ¿Qué pinta en este escenario de precariedad y austericidio, la empresa consultora de gestión municipal paralela en Torredembarra, a 18.000 euros mensuales, que ha sido uno de los desencadenantes del afer? Y lo que todavía está sumido en el secreto del sumario.

Gobiernen todos a una este año que queda para las próximas elecciones, con los ediles no imputados de los partidos que han compartido el poder municipal, incluso los que estando imputados, pero no inhabilitados, quieran seguir en el cargo. Pongan orden para el nuevo consistorio, no purguen a nadie, aprovechen a todos los funcionarios y trabajadores contratados, y sean generosos con los que lo están pasando mal y están legítimamente convencidos de que son inocentes.

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